Todos conocemos el fraude que hay con la venta de las viviendas de protección oficial de segunda mano. El primer propietario la compra a un precio bastante bajo (como debe de ser) pero la revende por el doble o más, escriturando sólo por lo que establece la ley y el resto en negro o en B, como le dicen ahora. ¿Esto no es fácilmente perseguible por hacienda? Debe ser que no cuando no lo hacen. Con las viviendas que no son de protección oficial también es una práctica habitual, pero es menos desacarada y quizás se más difícil de evitar.
Cuando se compra y vende una vivienda que se escritura en 20 millones y se pagan 10 más en negro, el vendedor puede que se guarde esos 10 millones en el colchón de casa, pero el comprador casi seguro que ha sacado 30 millones del banco de alguna manera. ¿Eso no lo detecta hacienda?
Solución a este problema con las casas de protección oficial:
Se supone que las VPO las asignan los correspondientes gobiernos a la gente que más lo necesita. Lo que deberían de hacer, es que si el propietario la quiere vender, tenga la obligación de devolverla al mismo gobierno (regional, municipal o el que sea) que se la dió y por el mismo precio más lo que haya subido teniendo en cuenta los baremos que sea. Una vez la casa en posesión del gobierno, este deberá reasignarla con el correspondiente sorteo, tirando de lista de espera o de la forma que se establezca más justa. De esta forma se evitan las transacciones entre particulares, chanchullos, fraudes, injusticias… y la casa iría a para a alguien que cumple los requisitos para los que se crearon.
